Los
recursos económicos que se requieren para aplicar la Ley General de
Víctimas deben ascender a más de 500 millones de pesos, “un presupuesto
ejemplar
que de ninguna manera va a dejar en bancarrota al Estado, ni pone en
riesgo la economía del país”, aseveró el investigador Julio Hernández
Barros, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
Debe
ser un presupuesto del tamaño de la emergencia nacional causada por la
infructuosa guerra contra el crimen organizado y por la violación a los
derechos
humanos que va aunada a la violencia, dijo.
Será
un presupuesto que de ninguna manera va a dejar en bancarrota al
Estado, ni pone en riesgo la economía del país, deberá ser un
presupuesto que no
llegará ni a 5 por ciento de lo que obtiene la Procuraduría General de
la República (PGR), indicó.
En
el sexenio de Felipe Calderón se designó a Pro Víctima apenas 80
millones de pesos para la nómina y para la atención a ciudadanos; para
este año el
presidente Enrique Peña Nieto destinó 500 millones, pero aún se necesita
más, acotó.
Reiteró
que hay suficientes recursos de donde fondearse para aplicar la ley, el
presupuesto inicial puede aumentar con donativos, fondos judiciales que
se obtienen de las multas que se aplicaron a los delincuentes, el
decomiso y el lavado de dinero.
Respecto
a la crítica de que la Ley General de Víctimas es anticonstitucional,
el también miembro del comité de redactores de esta ley, Julio Hernández
Barros, aclaró que los artículos constitucionales que le dan fundamento a
la iniciativa se expresan en el artículo transitorio segundo al
artículo 1°; los artículo 17, 23 y la fracción 30 al artículo 73.
Con
estas referencias, precisó que esa ley da cumplimiento a exigencias
constitucionales de reparación del daño y obliga a los miembros del
Congreso
de la Unión a legislar aún más en materia de víctimas.
Consideró
que los detractores son personas favorecidas por el sistema de justicia
mexicano, debido a que los delincuentes ya han sido detenidos y
sometidos
a juicio o víctimas que pertenecen a Organizaciones no Gubernamentales
(ONG) silenciadas con recursos públicos.
Por
otro lado, el penalista aseveró que en menos de seis meses estaría
operando el reglamento a la Ley General de Víctimas para atender
cabalmente a
los miles de personas afectadas por la guerra contra el narcotráfico e
incluso lastimadas por crímenes del pasado que no han tenido acceso a la
justicia.
El
reglamento a la Ley General de Víctimas definirá las obligaciones de
los servidores públicos que van a intervenir, el papel de los estados y
municipios,
los mecanismos de pago de alimentación y traslado de los afectados y las
líneas para la creación del Sistema Nacional de Víctimas, así como el
registro de ellas.
La
ley, que entrará en vigor el próximo 9 de febrero, atenderá a las
incontables víctimas ocultas, a las más necesitadas, a las que no tienen
acceso
a la justicia, a quienes se les niegan los derechos; a quienes se
criminaliza y re victimiza al ser abandonadas por el Estado que no era
capaz de asumir su responsabilidad, acotó.
Programa de Derechos Humanos Ibero
En
tanto, la investigadora Sandra Salcedo comentó que en el diplomado
presencial y en línea Seguridad Pública y Derechos Humanos, se ha
abordado el tema
“Atención a víctimas y reparación del daño”. Este diplomado está
dirigido a funcionario de la Secretaría de Gobernación.
En
este sentido, con la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, se
requieren cambios y sensibilizar a los funcionarios públicos, asimismo
se
le debe dar prioridad a la creación del registro de las víctimas del
presente y del pasado de México, así como transparentar los recursos que
se utilizarán para atender esta emergencia y capacitar a más defensores
de derechos humanos para que conozcan los mecanismos
de acceso a la justicia.
